Poco antes de que se materialice una nueva intervención militar extranjera en Haití, organizaciones sociales y dirigentes populares denuncian el avance de un plan que, aseguran, busca subordinar al país caribeño a los intereses de potencias extranjeras.
La polémica creció tras confirmarse que el empresario estadounidense Erik Prince, fundador de la tristemente célebre empresa militar privada Blackwater, enviará cientos de mercenarios a Haití bajo el argumento de combatir la violencia de pandillas y “restaurar” el sistema de recaudación de impuestos.
«Estamos en contra de la llegada de estos mercenarios que están profundizando el caos que vivimos actualmente», afirmó al medio brasileño, Brasil de Fato el economista y dirigente popular Camille Chalmers, quien calificó la medida como una reedición de la llamada “táctica del bombero”: crear un problema para luego vender la solución a precios altos.
Chalmers recordó que ese método ya se aplicó en 2004 con la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), encabezada en su fase inicial por el general brasileño Augusto Heleno, hoy acusado en su país de intentar un golpe de Estado. Aquella misión dejó tras de sí denuncias de masacres, violaciones y hasta la introducción del cólera, sin lograr reducir la violencia estructural que afecta al pueblo haitiano.
Según Chalmers, la narrativa que presenta a las pandillas como justificación para la entrada de mercenarios es parte de un entramado creado por Estados Unidos y la vecina República Dominicana, países que suministran armas, municiones y apoyo a cerca de 300 grupos armados que hoy siembran el terror en Haití.
Paralelamente, denunció que Washington bloqueó la importación de armamento para la Policía Nacional y promovió la salida de más de 4.000 agentes experimentados, debilitando aún más la ya reducida fuerza de seguridad haitiana.
La decisión de contratar a Vectus Global, la nueva empresa de Prince, reaviva las preocupaciones sobre la legitimidad y los métodos de las compañías militares privadas. Blackwater, la firma original fundada por Prince, fue acusada de torturas y de la masacre de Nisour en 2007 en Bagdad, donde 14 civiles iraquíes fueron asesinados.
Aunque cuatro de sus contratistas fueron condenados, el expresidente Donald Trump los indultó años después.
