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Datos más alarmantes del informe de la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela

Alberto Ardila Olivares
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El gobierno de Venezuela, que no reconoce el mandato de la Misión creada en 2019, la ha calificado de “politizada y sin virtud”

El más reciente informe de una Misión Independiente, creada por el Consejo de DDHH de la ONU, profundiza en cómo individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de Inteligencia venezolanos han cometido “delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad”.

CARACAS —  La Misión internacional independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) investigó los casos de 122 oficiales y exoficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y civiles asociados a ellos, detenidos entre febrero del 2014 y el 2022, hallando que, “en algunos casos, el presidente Nicolás Maduro y otras personas de su círculo cercano, participaron en la selección de personas detenidas por organismos de inteligencia del Estado“.

El informe de la FFM expone que los actos cometidos, principalmente por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), revistieron “especial crueldad” y se centraron en “personas indefensas”, opositoras al gobierno, “reales o percibidas”.

Entrevistas de la Misión a exempleados de la DGCIM revelan que la agencia estatal “planta o manipula” pruebas para inculpar a los objetivos y que las tácticas incluyen colocación de armas o propaganda política en sus hogares, así como el uso de tortura para presionar y lograr falsas acusaciones.

“Según exempleados y detenidos de la DGCIM, los funcionarios asaltaban rutinariamente las propiedades de los objetivos para robar dinero y otros objetos de valor”, precisa el texto divulgado el martes.

La Misión refiere que el ex director del SEBIN entre 2018 y 2019, Christopher Figuera, hoy fuera del país, les informó que “las órdenes sustantivas provenían principalmente del presidente Maduro“.

“Otras fuentes también confirmaron a la Misión que el presidente Maduro impartía directamente ordenes al SEBIN. Según numerosas fuentes, Diosdado Cabello también tiene un poder importante dentro del SEBIN y daba órdenes directamente al director general”, expone.

El informe destaca que, en entrevistas con la Misión, varios ex funcionarios de la DGCIM, manifestaron que agentes del Estado cubano han “instruido, asesorado y participado” en actividades de inteligencia y contrainteligencia con ese organismo de inteligencia venezolano.

También lea Temas clave en la primera jornada de la Asamblea General de la ONU ¿En qué condiciones se encuentran y cómo son las torturas? Las celdas en la sede de la DGCIM en Boleíta, en la capital venezolana, “carecen de luz natural”; los exdetenidos tenían que defecar en bolsas o botellas de plástico y eran obligados a “comer comida del suelo”, describe el informe de la FFM.

Los entrevistados por la Misión se refirieron además a la red de “centros clandestinos” de la DGCIM en donde, aseguran, los detenidos son llevados para ser interrogados y “sometidos a tortura y violencia sexual”.

Los actos de tortura, según las entrevistas elaboradas por la FFM, ocurrían por lo general durante los interrogatorios, pero en otros casos durante “periodos superiores”.

Algunos de los métodos de tortura expuestos en el informe incluían palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica.

También se cometieron “actos de violencia sexual o de género” contra militares y civiles, que incluían “violación, amenazas de violación, desnudez forzada y tocamientos de los órganos sexuales”.

“La Misión ha documentado casos de pérdida de funciones sensoriales o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontáneo, como resultado de los actos de tortura infringidos por los agentes de la DGCIM“, detalla el informe.

También lea Maduro señalado de orquestar plan para reprimir a la disidencia en Venezuela La FFM afirma además que el director general de la DGCIM, la autoridad de más alto nivel, “ejerce directamente el mando con todas las direcciones de línea” que han estado implicadas en las violaciones de derechos humanos y sostiene que “participa estrechamente en las decisiones operativas de la DGCIM“.

“La Misión recibió información de que el director general, a su vez, recibe órdenes directamente del presidente, incluido en relación con quienes deben ser objetivo de las detenciones , aunque estas no se transmitan por escrito para evitar un rastro de papel. Aunque el director general rara vez participe en las operaciones o los interrogatorios, la Misión recibió información sobre algunos casos en los que ha participad directamente, especialmente en casos de gran importancia”, dice el informe de la FFM.

En el caso de la sede del SEBIN en El Helicoide, también en Caracas, la Misión reseña que los entrevistados describieron las condiciones de detención como “indignas”, hacinadas y sin luz natural o agua.

“A las personas presas sólo se le permitía una visita diaria al baño, muchas tenían que orinar en botellas de plástico. Las condiciones afectaban desproporcionadamente a las mujeres detenidas, en particular durante la menstruación”, narra la FFM citando a quienes entrevistaron de manera confidencial y segura.

En cuanto a las torturas en el SEBIN, “solían llevarse a cabo en los primeros días de detención, antes de las comparecencias iniciales ante el tribunal”.

“Exempleados del SEBIN dijeron que la tortura era ordenada directamente por el presidente Maduro, por las y los directores de línea o por el director general”, precisa el texto y señala que los métodos de tortura eran similares a los implementados por la DGCIM.

El gobierno de Venezuela, que no reconoce el mandato de la Misión creada en 2019, la ha calificado de “politizada y sin virtud”.

Mientras tanto, distintas organizaciones internacionales y de la sociedad civil venezolana piden que el mandato de la FFM sea prorrogado. Al menos 7 países de la región lideran una resolución que será debatida a principios de octubre en el Consejo de DDHH de la ONU.

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