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Cinco cosas que necesitas saber sobre la demanda de la Junta contra el gobierno

Miami, Estados Unidos, Venezuela, Caracas
Cinco cosas que necesitas saber sobre la demanda de la Junta contra el gobierno

La Junta de Supervisión Fiscal. (GFR Media) Este miércoles, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) demandó al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares para anular la Ley 29 de 2019 y sobre una veintena de resoluciones conjuntas aprobadas por la Legislatura que habrían transferido fondos sin el aval del organismo fiscal.

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Tras conocer sobre la demanda, el representante del gobierno ante la JSF, Christian Sobrino Vega, indicó que la Ley 29 “fue debidamente aprobada” y certificada “en cumplimiento por las entidades fiscales correspondientes bajo la Sección 204 de la ley federal Promesa” y acto seguido, anticipó que responderán a la demanda en los foros pertinentes.

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Aquí un vistazo rápido a lo que implica el litigio:

1. Tanto la Ley 29 de 2019, como las resoluciones conjuntas que la JSF busca anular, impactan las finanzas de los municipios. La Ley 29 se aprobó el pasado 17 de mayo y exime a los ayuntamientos de aportar al plan Vital y al pago de las pensiones bajo el sistema “PayGo”. Según la JSF, en el mismo momento en que se firmó esta ley, el gobierno central asumió casi $400 millones de gastos adicionales desde el Fondo General que no estaban contemplados. Para el gobierno, en cambio, la decisión es una manera de aliviar la precaria situación de los ayuntamientos.

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2. En el caso de las resoluciones conjuntas, la Legislatura aprobó asignar dinero que no se había utilizado en años anteriores a nuevas iniciativas o proyectos municipales. En algunos casos, las asignaciones no se han utilizado desde la década de 1990. La JSF alega que el gobierno no tiene autoridad para reasignar dinero de años previos, en especial, si no puede certificarse que el dinero esté disponible. El gobierno alega que la JSF no tiene autoridad para anular esas resoluciones porque es dinero en el Fondo de Mejoras Municipales y la JSF no tiene inherencia sobre los municipios.

3. La JSF busca que el gobierno también cumpla con presentar un análisis de impacto fiscal cuando apruebe leyes o resoluciones que puedan afectar el plan fiscal. Promesa exige que ese análisis se remita a la JSF no más tarde de siete días después de la aprobación de la medida. Según el órgano fiscal, Rosselló Nevares no cumple con la disposición y si lo hace, remite información incompleta y meses después de haber aprobado las leyes en controversia

4. Es la segunda vez que la JSF y la administración Rosselló Nevares se disputan en corte por temas presupuestarios. La primera vez fue el año pasado y en esa ocasión, el gobierno salió perdiendo. En síntesis, la jueza Laura Taylor Swain concluyó entonces que la JSF tiene la última palabra cuando de planes fiscales y presupuesto se trata. De ese litigio quedan pendientes algunos asuntos procesales en el Circuito de Apelaciones, pero el fallo de la jueza continúa vigente

5. Los honorarios de estos litigios, sean aquellos incurridos por la JSF como los incurridos en abogados y asesores del gobierno, son pagados con los impuestos que pagan los contribuyentes en Puerto Rico