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Resucitó Balzac

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Orlando Trujillo, oscuro funcionario de tercer nivel en los Estados Unidos que funge como su embajador en la Organización de Estados Americanos, declaró en las vistas sobre el caso de Puerto Rico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que si los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico desean votar por el presidente tendrían que mudarse a alguno de los cincuenta estados. La Constitución federal no provee para que los ciudadanos de los territorios tengan el derecho al voto. Los territorios es donde único un ciudadano americano no puede votar por su presidente.

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Las palabras de este funcionario, un espectro salido de la nada, nos recuerdan la posición doctrinal del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Balzac v Porto Rico —último de los casos insulares y con vigencia jurídica— sobre los efectos de la ciudadanía americana por virtud de la Ley Jones: It enabled them to move into the continental United States and becoming residents of any State there to enjoy every right of any other citizen of the United States, civil, social and political… It is locality that is determinative of the application of the Constitution, in such matters as judicial procedure, and not the status of the people who live in it. Es cierto que la localidad, el lugar donde se está —en este caso la isla de Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos sujeto al Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución— crea un déficit de derechos civiles en el ciudadano americano domiciliado aquí.

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Las palabras del funcionario —tal vez sin conocimiento de lo resuelto en este caso— coinciden con la doctrina del caso. Para que un ciudadano americano en Puerto Rico pueda votar por el presidente tendría que enmendarse la Constitución. Eso se planteó pocos años después de decidirse este caso en 1922. (Véase a José Tous Soto, El Futuro Status Político de Puerto Rico). Han sido pocas las instancias donde se ha favorecido el voto presidencial a los ciudadanos americanos en Puerto Rico. La primera en 1960; en vistas públicas para enmendar la Constitución y otorgarle ese derecho a Washington D.C., Luis Muñoz Marín depuso en ellas y favoreció que se extendiera ese derecho a Puerto Rico. La segunda fue en 1970 cuando el gobernador Luis A. Ferré creo el Comité Ad Hoc para el Voto Presidencial. La tercera fue cuando en la década de los ochenta hubo un resurgir del tema y luego en el año 2000 cuando Gregorio Igartúa ganó su caso en el Tribunal Federal en Puerto Rico.

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Sin embargo, como sucede siempre en todo asunto político, la mezquindad le ganó a la sensatez. El desliz estratégico del PNP de luchar por el voto en lugar de la igualdad política plena fue aprovechado por los adversarios —incluyendo periodistas— y se generaron ataques contra la aspiración de Puerto Rico a la igualdad. Incluso, personas que favorecieron en el pasado la igualdad para los LGBTT se opusieron mezquinamente a la igualdad política para todos los puertorriqueños. Hasta citaron el catecismo de Donald Trump y las palabras llenas de vaguedad de Orlando Trujillo como si fueran verdades inmutables escritas en la pared.

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Estos individuos se olvidan de la historia. En 1945, en vistas en el Congreso que presidía el históricamente conocido senador Millard Tydings, este atacó a Luis A. Ferré durante su ponencia al decir que la estadidad era imposible para Puerto Rico. La contestación de quien sería el primer gobernador estadista fue sólida: “Aunque la estadidad no era posible en los próximos años, eso no impedía que años después lo fuera. Pues la ciudadanía americana le garantizaba ese derecho” a los puertorriqueños. (Véase a Carlos Zapata Oliveras, Viejos Caminos Hacia Viejos Objetivos: Estados Unidos y el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 1945-1953). Toda esta vorágine comenzó en 1922 con Balzac. Su doctrina es clara y sigue vigente hasta el día de hoy, aunque hayan habido adelantos políticos en el devenir histórico. Solo la igualdad en derechos, la igualdad política como la garantiza la estadidad es la solución real a este viejo problema.

Alberto Ignacio Ardila